Publicado el 30-01-09 , por M. Valverde
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, debió maldecir ayer el día que se le ocurrió hacer declaraciones en público junto a la patronal y los sindicatos para intentar mostrar ante la prensa una idea de unidad del Gobierno con los agentes sociales ante la recesión.
Todo empezó a torcerse cuando el secretario general de CEOE, José María Lacasa, se salió del guión previsto y, en vez de una declaración protocolaria, como habían hecho previamente sus interlocutores, dio a entender que la patronal no está a dispuesta a firmar cualquier acuerdo y que quiere “las reformas estructurales” que ha pedido al Gobierno, a los sindicatos y a los partidos políticos.
Y en lo que respecta al mercado laboral, requiere modificaciones de calado dentro de la “flexiseguridad” que, para los empresarios implica cambios en la contratación, reducción de los costes del despido, mayor movilidad laboral y mejora de las políticas activas –de apoyo al empleo–. Es decir, flexibilidad laboral para mover las plantillas, a cambio de seguridad para el trabajador en distintos empleos; no en uno sólo para toda la vida.
Así las cosas, la tensión fue subiendo en lo que iba a ser una rueda de prensa de trámite cuando la patronal y los sindicatos respondieron a la decisión de muchas empresas de querer reabrir los pactos salariales acordados en los convenios para este año, debido a la mala situación que atraviesan por la recesión y a que, en consecuencia, el descenso de la inflación ha hecho que el incremento retributivo sea superior a la evolución real de los precios. La inflación terminó 2008 con un crecimiento del 1,4%, cuando, a principio de año, muchos convenios habían subido los salarios un 2%, lo mismo que el objetivo inicial de precios del Gobierno.
El Gobierno pide ayuda a las autonomías para los parados que no tienen protección
El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, dijo que la actitud de esos empresarios “es muy grave, y si CEOE no corrige ese comportamiento [de las compañías] se pondrá en peligro el actual modelo de moderación salarial”. El dirigente de UGT reiteró su negativa a un nuevo recorte de los despidos.
Un año sin precedentes
Tomó la palabra Lacasa para advertir que sería “más prudente que Toni Ferrer”. A continuación, dijo a los sindicatos que la postura salarial de los empresarios responde a las siguientes razones: 2009 “es un año sin precedentes en la moderna Historia de España [por la gravedad de la recesión]; estamos pidiendo flexibilidad porque la situación no es la misma en todas las compañías y sectores” y, finalmente, dio a entender que la patronal no admitirá acuerdos parciales sobre la negociación colectiva.
Es decir, o hay pacto en todo o no habrá en nada. El representante de CCOO, Ramón Górriz, acusó a los empresarios de “romper la buena fe contractual en la negociación colectiva”.
Corbacho anunció que pedirá ayuda a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para, a través de los salarios sociales, garantizar la protección de todos aquellos que lo necesiten por quedar en paro. Corbacho expresó sus dudas sobre el hecho de que no tengan algún tipo de protección social algunas de las 825.000 familias que, según Estadística, tienen a todos sus miembros en paro.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, debió maldecir ayer el día que se le ocurrió hacer declaraciones en público junto a la patronal y los sindicatos para intentar mostrar ante la prensa una idea de unidad del Gobierno con los agentes sociales ante la recesión.
Todo empezó a torcerse cuando el secretario general de CEOE, José María Lacasa, se salió del guión previsto y, en vez de una declaración protocolaria, como habían hecho previamente sus interlocutores, dio a entender que la patronal no está a dispuesta a firmar cualquier acuerdo y que quiere “las reformas estructurales” que ha pedido al Gobierno, a los sindicatos y a los partidos políticos.
Y en lo que respecta al mercado laboral, requiere modificaciones de calado dentro de la “flexiseguridad” que, para los empresarios implica cambios en la contratación, reducción de los costes del despido, mayor movilidad laboral y mejora de las políticas activas –de apoyo al empleo–. Es decir, flexibilidad laboral para mover las plantillas, a cambio de seguridad para el trabajador en distintos empleos; no en uno sólo para toda la vida.
Así las cosas, la tensión fue subiendo en lo que iba a ser una rueda de prensa de trámite cuando la patronal y los sindicatos respondieron a la decisión de muchas empresas de querer reabrir los pactos salariales acordados en los convenios para este año, debido a la mala situación que atraviesan por la recesión y a que, en consecuencia, el descenso de la inflación ha hecho que el incremento retributivo sea superior a la evolución real de los precios. La inflación terminó 2008 con un crecimiento del 1,4%, cuando, a principio de año, muchos convenios habían subido los salarios un 2%, lo mismo que el objetivo inicial de precios del Gobierno.
El Gobierno pide ayuda a las autonomías para los parados que no tienen protección
El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, dijo que la actitud de esos empresarios “es muy grave, y si CEOE no corrige ese comportamiento [de las compañías] se pondrá en peligro el actual modelo de moderación salarial”. El dirigente de UGT reiteró su negativa a un nuevo recorte de los despidos.
Un año sin precedentes
Tomó la palabra Lacasa para advertir que sería “más prudente que Toni Ferrer”. A continuación, dijo a los sindicatos que la postura salarial de los empresarios responde a las siguientes razones: 2009 “es un año sin precedentes en la moderna Historia de España [por la gravedad de la recesión]; estamos pidiendo flexibilidad porque la situación no es la misma en todas las compañías y sectores” y, finalmente, dio a entender que la patronal no admitirá acuerdos parciales sobre la negociación colectiva.
Es decir, o hay pacto en todo o no habrá en nada. El representante de CCOO, Ramón Górriz, acusó a los empresarios de “romper la buena fe contractual en la negociación colectiva”.
Corbacho anunció que pedirá ayuda a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para, a través de los salarios sociales, garantizar la protección de todos aquellos que lo necesiten por quedar en paro. Corbacho expresó sus dudas sobre el hecho de que no tengan algún tipo de protección social algunas de las 825.000 familias que, según Estadística, tienen a todos sus miembros en paro.
