Se acabaron los abusos de los funcionarios que cogen bajas de enfermedad fraudulentas y han situado en niveles «alarmantes» el absentismo laboral en el Gobierno Vasco. El Ejecutivo de Patxi López ultima un plan de choque para frenar el alto grado de ausencias al trabajo existente entre los casi 90.000 empleados que dependen de él. El proyecto pretende acabar con la «impunidad» de un grupo minoritario de asalariados y, en paralelo, ahorrar los millones de euros al año que se gastan en contratar a las personas que cubren de forma temporal los puestos vacantes por ese motivo.El viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, advierte que el absentismo superior al 10% que se da en el sector, por distintos conceptos, es «impensable» en la empresa privada. A su juicio, no tiene justificación en una actividad con unas condiciones laborales tan favorables como las que se dan en la Administración. No obstante, subraya la calidad «razonablemente buena» y la «competitividad» de la mayoría de los empleados, que «con carácter general cumplen con su trabajo». El objetivo es «controlar a aquellos que no se lo toman en serio».
El primer problema al que se enfrenta el Departamento de Justicia y Administración Pública, que dirige Idoia Mendia, es conocer realmente cuál es el absentismo real en las diversas áreas, porque en cada una se mide de forma diferente. En cambio, sí es más fácil de evaluar el que se produce por enfermedad, accidentes y bajas maternales, que es del 6,6%, lo que supone que unos 4.000 empleados públicos no acuden cada día a su puesto de trabajo por estas causas. Si se excluye del cálculo a Osakidetza, el índice se sitúa en el 5,8%.
LAS CIFRAS
62.536 plazas son las dotadas presupuestariamente en el Gobierno vasco y los órganos que dependen de él para este año. De ellas, a la Administración general corresponden 34.952 (6.824 a Lakua y delegaciones, 18.202 a docentes no universitarios, 1.926 a personal de Justicia y 8.000 a la Ertzaintza); 609 a los organismos autónomos administrativos, y 26.975 a entes públicos de derecho privado y sociedades públicas (23.803 a Osakidetza y 3.172 a sociedades públicas).
14.000 personas más trabajan cubriendo bajas y por acumulación de tareas.
1.592 horas es la jornada anual de los trabajadores del sector público, equivalentes a 35 horas semanales.
5,80% es el índice de absentismo sólo por enfermedad, accidente y maternidad.
Un absentismo superior al 10% es «impensable» en la empresa privada, denuncia el gabinete.LAS CIFRAS
62.536 plazas son las dotadas presupuestariamente en el Gobierno vasco y los órganos que dependen de él para este año. De ellas, a la Administración general corresponden 34.952 (6.824 a Lakua y delegaciones, 18.202 a docentes no universitarios, 1.926 a personal de Justicia y 8.000 a la Ertzaintza); 609 a los organismos autónomos administrativos, y 26.975 a entes públicos de derecho privado y sociedades públicas (23.803 a Osakidetza y 3.172 a sociedades públicas).
14.000 personas más trabajan cubriendo bajas y por acumulación de tareas.
1.592 horas es la jornada anual de los trabajadores del sector público, equivalentes a 35 horas semanales.
5,80% es el índice de absentismo sólo por enfermedad, accidente y maternidad.
En la nómina
El viceconsejero es consciente de que todas estas bajas de enfermedad y accidente tienen apariencia de legalidad, dado que están suscritas por los médicos de cabecera, pero cree que en este ámbito se esconden muchos abusos que se propone penalizar. Por ello prepara un plan para descontar de la nómina parte de la retribución «en los casos en que se demuestre, con los medios del departamento, que se trata de absentismo injustificado».
Aunque es consciente de que cualquier tipo de sanción de este tipo será recurrible ante los tribunales laborales, Ramos defiende esta fórmula para incentivar la asistencia al trabajo. En ella utilizará los complementos que el Ejecutivo paga a los trabajadores en caso de baja temporal. Así, si se tiene en cuenta que corren a su cargo los tres primeros días, el 40% del salario entre el cuarto y el vigésimo día y el 25% a partir de ese plazo, el recorte en una nómina media -en torno a los 25.000 euros al año- puede alcanzar los 700 euros al mes.
La colaboración de la Inspección Médica será fundamental para atajar un problema que el responsable de Administración Pública decidió encarar desde que llegó al cargo, procedente de la empresa privada. Una de las primeras iniciativas, precisó el viceconsejero a este periódico, será enviar a ese órgano el caso de una veintena larga de trabajadores que llevan acumulando bajas, prácticamente enlazadas con diferente pronóstico, que suman «varios años» sin que se hayan iniciado procesos de invalidez.
Ramos, que tiene experiencia en el sector del metal, donde las condiciones de trabajo son más penosas y por tanto favorecen que se produzcan más bajas laborales, no tiene ninguna duda de que se están cometiendo «abusos» y quiere poner orden en la Administración. Como ejemplo, explica que «casualmente» las bajas por enfermedad, salvo en Osakidetza, se redujeron en 0,73 puntos desde junio a septiembre, lo que atribuye al hecho de que muchos trabajadores cogen el alta para irse de vacaciones.
El viceconsejero es consciente de que todas estas bajas de enfermedad y accidente tienen apariencia de legalidad, dado que están suscritas por los médicos de cabecera, pero cree que en este ámbito se esconden muchos abusos que se propone penalizar. Por ello prepara un plan para descontar de la nómina parte de la retribución «en los casos en que se demuestre, con los medios del departamento, que se trata de absentismo injustificado».
Aunque es consciente de que cualquier tipo de sanción de este tipo será recurrible ante los tribunales laborales, Ramos defiende esta fórmula para incentivar la asistencia al trabajo. En ella utilizará los complementos que el Ejecutivo paga a los trabajadores en caso de baja temporal. Así, si se tiene en cuenta que corren a su cargo los tres primeros días, el 40% del salario entre el cuarto y el vigésimo día y el 25% a partir de ese plazo, el recorte en una nómina media -en torno a los 25.000 euros al año- puede alcanzar los 700 euros al mes.
La colaboración de la Inspección Médica será fundamental para atajar un problema que el responsable de Administración Pública decidió encarar desde que llegó al cargo, procedente de la empresa privada. Una de las primeras iniciativas, precisó el viceconsejero a este periódico, será enviar a ese órgano el caso de una veintena larga de trabajadores que llevan acumulando bajas, prácticamente enlazadas con diferente pronóstico, que suman «varios años» sin que se hayan iniciado procesos de invalidez.
Ramos, que tiene experiencia en el sector del metal, donde las condiciones de trabajo son más penosas y por tanto favorecen que se produzcan más bajas laborales, no tiene ninguna duda de que se están cometiendo «abusos» y quiere poner orden en la Administración. Como ejemplo, explica que «casualmente» las bajas por enfermedad, salvo en Osakidetza, se redujeron en 0,73 puntos desde junio a septiembre, lo que atribuye al hecho de que muchos trabajadores cogen el alta para irse de vacaciones.
Estímulos y sanciones
Para reducir el absentismo, el Gobierno Vasco adoptará vías diferentes. Por un lado, actuará sobre las bajas de enfermedad, accidentes, ausencias injustificadas o no retribuidas con medidas de estímulo y coercitivas. Por otro, en el absentismo «no gestionable», que es fruto de derechos laborales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos, intentará llegar a un acuerdo con los sindicatos, a los que también pide su colaboración en la primera vía.
A diferencia de otros modelos colectivos, el mecanismo de control que pondrá en marcha el Ejecutivo será «individualizado», «persona a persona», por medio de un sistema informático que será gestionado por las direcciones de servicios de cada departamento.
Además de colaborar con la Inspección Médica, otra medida será mejorar los canales de comunicación e información entre ella, los servicios de prevención del Gobierno y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Hasta ahora no existían estos canales normalizados para que los casos más flagrantes fueran controlados, «y si han existido no han dado resultado», precisa Ramos.
Para reducir el absentismo, el Gobierno Vasco adoptará vías diferentes. Por un lado, actuará sobre las bajas de enfermedad, accidentes, ausencias injustificadas o no retribuidas con medidas de estímulo y coercitivas. Por otro, en el absentismo «no gestionable», que es fruto de derechos laborales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos, intentará llegar a un acuerdo con los sindicatos, a los que también pide su colaboración en la primera vía.
A diferencia de otros modelos colectivos, el mecanismo de control que pondrá en marcha el Ejecutivo será «individualizado», «persona a persona», por medio de un sistema informático que será gestionado por las direcciones de servicios de cada departamento.
Además de colaborar con la Inspección Médica, otra medida será mejorar los canales de comunicación e información entre ella, los servicios de prevención del Gobierno y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Hasta ahora no existían estos canales normalizados para que los casos más flagrantes fueran controlados, «y si han existido no han dado resultado», precisa Ramos.
Articulo de : JOSÉ LUIS GALENDE SAN SEBASTIÁN
Jordi
Como se cita en el artículo, herramientas jurídicas hay. El problema es que tiene que haber voluntad de aplicarlas.
ResponderEliminarLos cargos políticos tienen que pensar en que son gestores y no busca-votos, por no decir, abrazafarolas.
La mayoría de los empleados públicos verían con buenos ojos un sistema de promoción y retribución basado en el desempeño. Los sindicatos nunca han apoyado en estas cuestiones pues tiene miedo a la arbitrariedad.